El nuevo Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos prohíbe la emisión de nuevos permisos y limita la duración máxima de los existentes a 15 años, la Asociación de Permisionarios, Operadores y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y Juego de Apuesta en México (AIEJA) advierte sobre la tormenta económica que se avecina con los cambios en el reglamento del sector de juegos y sorteos.

Según Miguel Ángel Ochoa, presidente del organismo, la reforma impactará a los casinos a partir de 2028, ya que aproximadamente el 70% de los permisos de estos negocios expirarán y el gobierno dejaría de percibir 12 mil millones de pesos en impuestos generados por las empresas de juegos y sorteos con los cambios al reglamento de este sector.

En entrevista, Ochoa reveló que la industria contribuye anualmente con alrededor de 2 mil 500 millones de pesos a los estados donde operan. Sin embargo, con las modificaciones propuestas, se estima la pérdida de al menos la mitad de los empleos generados hasta ahora.

El nuevo Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, publicado por la Secretaría de Gobernación el 16 de noviembre, prohíbe la emisión de nuevos permisos y limita la duración máxima de los existentes a 15 años. Aunque permite la operación de las máquinas tragamonedas actuales en los casinos, la importación de estas máquinas del extranjero, que actualmente paga un arancel del 15%, dejaría de generar ingresos con la eliminación de las mismas.

Actualmente, hay 429 casinos en todo México, generando alrededor de 180 mil empleos directos e indirectos. Ochoa destaca que el impacto de las modificaciones afectará a al menos 170 mil familias dependientes de esta actividad. Además, predice la pérdida de más de 100 mil empleos directos en los primeros seis años a partir de 2028.

El presidente de la AIEJA acusó a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria de no considerar adecuadamente los comentarios de 438 empresas y organismos privados durante la consulta pública del reglamento, a pesar de los problemas señalados en relación con los impactos económicos de las medidas propuestas.

Fuentes: El contribuyente.

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